Hoy quiero compartir con ustedes una iniciativa de reforma constitucional que he propuesto en el Congreso del Estado, con el objetivo de fortalecer el derecho de petición de las y los ciudadanos a través de las redes sociales y medios digitales. Comprometido con la participación activa en la vida política y democrática de nuestro estado, considero fundamental adaptar nuestras instituciones al avance tecnológico y aprovechar las oportunidades que nos brindan las redes sociales para interactuar con las autoridades de forma directa y efectiva.

Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de comunicación en nuestra sociedad, y es común que las y los ciudadanos las utilicemos para hacer solicitudes o quejas hacia las autoridades. Del mismo modo, las autoridades también las utilizan para dar a conocer información relevante y sus logros. Sin embargo, es importante reconocer que estas interacciones digitales deben tener un marco legal claro y garantizar la efectividad del derecho de petición de los ciudadanos.

El derecho de petición es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, que nos permite hacer preguntas o presentar solicitudes ante las autoridades sobre cualquier inquietud o duda que tengamos acerca de un acto, decisión o resolución. Lamentablemente, este derecho ha enfrentado obstáculos en la práctica, como la omisión o ignorancia por parte de las autoridades al responder las solicitudes de los ciudadanos.

Por ello considero necesario analizar mi iniciativa “Derecho de petición por redes sociales” para reformar la Constitución Política del Estado. El objetivo es ampliar las opciones que tenemos las y los ciudadanos para ejercer nuestro derecho de petición, permitiendo que las peticiones realizadas en las páginas oficiales de los gobiernos sean respondidas también de manera oficial.